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26-12-2016 El TJUE tumba la Doctrina del TS de limitación de la restitución por nulidad de cláusula suelo
Dña. Adela del Olmo Directora Hoy ya disponemos de la tan esperada Sentencia del TJUE sobre la limitación de los efectos restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula, condición general de la contratación, incorporada a un contrato con consumidor, en concreto la tan conocida cláusula suelo, que fue establecida por la Sentencia del Pleno del TS 9-5-2013 (SP/SENT/714489). El fallo, de una claridad meridiana y de una enorme trascendencia jurídica y socio económica, indica lo siguiente: “El art. 6, apartado 1, Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del art. 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión”. Como podemos leer en la Sentencia de hoy mismo, aunque corresponde a los Estados miembros precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declara el carácter abusivo de una cláusula y se materializan los efectos jurídicos que conlleva, pero la declaración de abusividad debe restablecer la situación de Hecho y de Derecho en la que se hallaba el consumidor cuando no existía la cláusula abusiva y esto solo se logra mediante una justa restitución que a la vez conlleva la reversión de todas las ventajas indebidamente percibidas por el profesional que introdujo la cláusula no negociada e impuesta en el contrato La Sentencia de 9-5-2013 del Tribunal Supremo, a la que se refieren los órganos que remitieron las cuestiones prejudiciales determinó que la declaración de abusividad de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a lo decidido definitivamente por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos realizados antes de la fecha de esta STS, concluyendo, por supuesta seguridad jurídica la limitación de los efectos restitutorios y reparadores de la nulidad de pleno derecho consecuencia legal de la nulidad. Esta Sentencia 21-12-2016 reconoce que aunque el propio TJUE mantiene que no es absoluta la protección del consumidor y que el Derecho comunitario no obliga a un Tribunal nacional a no aplicar sus normas procesales internas, que otorgan fuerza de cosa juzgada a las resoluciones, aunque ello permitiese subsanar una infracción de una disposición, de la la Directiva 93/13, permitiendo que el Tribunal Supremo español pudiera declarar, como hizo en la mencionada STS 9-5-2013 la limitación temporal de los efectos restitutorios derivados de nulidad de las cláusulas suelo, esto implica privar a todo consumidor que contrató antes de la sentencia un préstamo hipotecario con cláusula suelo de su derecho a la restitución íntegra de las cantidades que abonó indebidamente a la entidad bancaria. Una Jurisprudencia nacional que limita en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del art 6, apartado 1, Directiva 93/13, sólo garantiza una protección limitada a los consumidores que contrataron préstamos hipotecarios con cláusula suelo antes de la fecha del pronunciamiento que declaró el carácter abusivo de estas en STS 9-5-2013. Generando una protección incompleta, insuficiente y desigual que no es un medio adecuado ni eficaz para conseguir el objetivo de la Directiva 93/13 que es la expulsión de las cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores y que además, infringe el art . 7 apartado 1, de la citada Directiva. Y supone un perfecto final a un innecesario espacio polémico que producía y aún produce enormes disfunciones socioeconómicas. Esta STJUE sorprende gratamente y supone la corrección de una postura que estaba lesionando a miles de usuarios y generando disfunciones y desigualdades jurídico procesales, más aun cuando con anterioridad y en concreto el 13-7-2016, el Abogado General Mengozzi se había pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales que motivaron toda esta polémica en el sentido totalmente opuesto a lo que ahora declara esta STJUE, mereciendo un crítico comentario del Departamento Jurídico de Sepín Mercantil “Nihil novum sub sole: Conclusiones del Abogado General del TJUE, Sr. Paolo Mengozzi, , sobre los efectos que deben derivarse de la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas suelo” (SP/DOCT/20845). Hemos de resaltar la importancia y la enorme labor que realizaron los Magistrados que interpusieron las cuestiones prejudiciales ante el TJUE contra cláusulas suelo de las entidades Cajasur Banco, BBVA y Banco Popular Español, de la siguiente forma: “el art. 6. 1 Directiva 93/13 de cláusulas abusivas en contratos con consumidores, entendido a la luz de los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que, en las circunstancias propias de los litigios principales, no se opone a la decisión de un órgano jurisdiccional supremo mediante la que este declara el carácter abusivo de las cláusulas «suelo», ordena que cese su utilización y que se eliminen de los contratos existentes y declara su nulidad limitando, al mismo tiempo, en atención a circunstancias excepcionales, los efectos, restitutorios en particular, de esa nulidad a la fecha en que dictó su primera sentencia en ese sentido” y que han dado pie a esta meritoria sentencia que hoy ve la luz. Tanto al Juzgado Mercantil de Granada como a la Audiencia Provincial de Alicante. No olvidemos que tras la Sentencia del Pleno del TS 9-5-2013 Posteriormente la Sentencia del Pleno de 8-9-2014 (SP/SENT/782290) ya concretó el concepto de buena fe en la contratación seriada, respecto del control de transparencia, atendiendo al orden público, a la definición de abusividad y a su específica aplicación de su control. Se trata de proyectar su incidencia en los deberes de configuración contractual que asume el predisponente sobre transparencia real en oferta y perfección del contrato. Estos deberes especiales de buena fe contractual no pueden desnaturalizarse por la fecha de publicación de una sentencia, cuyo objeto es el examen del control de transparencia y no es factible ni legal, derivar la función tuitiva de esta normativa en beneficio del predisponente y no del consumidor. Asimismo, la STS, Pleno, de 25-3-2015 (SP/SENT/714489) ratificó el criterio de la limitación de restitutiva, pero con una importancia diferencia que marcó el voto particular del Magistrado don Francisco Javier Orduña Moreno al que se adhiere el Magistrado don Xavier O’ Callaghan Muñoz que también fue estudiado y analizado por su brillante y acertado análisis en “Una crítica razonada a la STS Pleno 25-3-2015” (SP/DOCT/19085), en la que de nuevo reiteramos nuestra postura crítica ante una Jurisprudencia que no era asumible, que desprotegía al consumidor, que hasta permitía derogar parcialmente un artículo del Código Civil, el 1303 y que ignoraba nuestra normativa interna de protección de consumidores y usuarios, TRLGCU y la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, entre otras. Leer más

27-01-2015 EL SUPREMO RECHAZA LA REVISIÓN DE UN DESPIDO PROCEDENTE PESE A QUE EL TRABAJADOR FUE ABSUELTO EN EL ORDEN PENAL POR UTILIZAR UNA TARJETA VISA DE EMPRESA
El TS rechaza revisar el despido de un trabajador que utilizó para gastos personales la Visa de empresa a pesar de haber sido absuelto de delito de apropiación indebida. La Sala de lo Social del Supremo, en su sentencia de 27 de enero de 2015, (rec Nº 28/2013, ponente señor de Castro Fernández) rechaza revisar el despido de un trabajador al que echaron por usar la tarjeta visa de la empresa para gastos personales, por el hecho de haber sido posteriormente absuelto por la vía penal. La absolución se basó en que «el elemento subjetivo del tipo de apropiación indebida resulta carente de prueba». Pone de relieve en su sentencia la Sala que “la jurisdicción penal y laboral persiguen fines diversos, operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta» Los hechos En concreto, el empleado pedía la revisión del despido por haber sido absuelto del delito de apropiación indebida por la justicia penal en relación a los mismos hechos. El despido disciplinario fue acordado por la empresa para la que trabajaba en noviembre de 2008, debido a que el empleado pagaba gastos personales (realizados en días festivos o en zonas donde pasaba sus vacaciones) con las tarjetas VISA y American Exprés que la empresa había puesto a su disposición para satisfacer los gastos derivados del desarrollo de su trabajo. En marzo de 2009, un Juzgado de lo Social de Madrid desestimó su demanda contra el despido por considerarlo procedente, decisión ratificada por las Salas de lo Social del TSJ de Madrid y del Supremo en auto de inadmisión de marzo de 2010. Con posterioridad, en abril de 2013, el hombre fue absuelto en la vía penal por la Audiencia de Guipúzcoa del delito de apropiación indebida del que se le acusaba por los hechos referidos como causa del despido, por lo que, con esa base, presentó un recurso de revisión contra las sentencias de lo Social que confirmaron la procedencia de su despido. El Supremo rechaza ahora ese recurso de revisión porque la absolución no se produjo porque no estuviese acreditado que el trabajador usó las tarjetas para gastos personales, sino por falta de prueba del tipo penal de apropiación indebida. La sentencia Comienza el TS recordando la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de revisión de sentencias. En el FJ 2 La Sala recuerda que la revisión de sentencias exige sentencia absolutoria: «la pretensión rescisoria de que tratamos en autos ha de ser rechazada, porque el supuesto especial de posibilidad revisoria que contempla el art. 86.3 Ley de Procedimiento Laboral (LPL) requiere “sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo”, no bastando la inexistencia de prueba y aplicación del principio “in dubio pro reo”, porque «la jurisdicción penal y la laboral operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta» Art. 86 LPL: “3. Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el Juez o Sala de lo Social la vía de la revisión regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil.” Destaca también que «para explicar la razón de la independencia de uno y otro orden jurisdiccional en la valoración de la prueba, que “la jurisdicción penal y laboral persiguen fines diversos, operan sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en ocasiones una misma conducta» No es que el Juez de lo Penal absolviese porque no estuviese acreditada que el trabajador hubiese satisfecho gastos personales con tarjetas de crédito/débito entregadas, continúa la argumentación del TS, sino en que «el elemento subjetivo del tipo de apropiación indebida resulta carente de prueba», porque «la acusación particular no ha acreditado en absoluto que el acusado fuera consciente de que la empresa no le autorizaba a actuar del modo que lo hizo y de que vulneraba las facultades de uso de la tarjeta que le había proporcionado». En consecuencia, concluye el TS «es claro que tal sentencia no puede fundar la revisión interesada, máxime cuando en el ámbito del contrato de trabajo la calificación de un hecho como constitutivo de un incumplimiento contractual se regula por normas distintas de las que contemplan la calificación de los delitos, siendo de aplicar también diferentes conceptos de culpa.» En su fallo el TS desestima por tanto el recurso de revisión interpuesto por el trabajador. Leer más

EUROPA PROHIBE "PINCHAR" EL TELÉFONO DEL ABOGADO AÚN CON PERMISO JUDICIAL
Grabar las conversaciones entre abogado y cliente, aún con autorización judicial, vulnera el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (derecho a la vida privada y familiar). Consulte la sentencia Leer más

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE - Condenado a 6 meses de prisión por no acudir a declarar como testigo tras ser requerido en tres ocasiones
La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una sentencia, de fecha 9 de enero de 2015, por la que confirma la sentencia que condenó a seis meses de prisión por desobediencia, a una persona que ignoró hasta tres requerimientos de un juzgado de Alcoi (Alicante) para que acudiera a prestar declaración como testigo en una investigación de carácter penal. La Audiencia desestima así el recurso de apelación formulado contra el fallo del juzgado de lo Penal número 2 de Alicante de enero del pasado año. Los hechos Los hechos declarados probados refieren que el condenado desoyó hasta tres requerimientos para acudir a testificar en el marco de unas diligencias previas. El primero se le notificó el 25 de marzo de 2011 y el segundo, el 27 de mayo, en esta ocasión bajo apercibimiento de multa y de que podía incurrir en el delito de desobediencia. Finalmente, el 7 de octubre, el acusado desatendió por tercera vez la citación personal, efectuado en esta ocasión a través de la Policía y con el apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia y obstrucción a la Justicia. Incoado juicio oral por estos hechos, el procesado se escudó en que tenía que trabajar e invocó "estado de necesidad". La sentencia de la Audiencia Provincial El tribunal hace suyos los argumentos del juzgador y rechaza tomar en consideración las razones alegadas por el procesado para justificar su incomparecencia en el juzgado. En concreto, señala que "ninguna prueba se aporta" de esa circunstancia de estado de necesidad. La defensa del acusado esgrimió también en su recurso que la desobediencia debería haberse calificado como falta y no como delito. Sin embargo la Sala considera que el reo cometió los hechos con "tenacidad" y "persistencia", de ahí que la infracción penal haya de definirse como grave Leer más

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